Casado facilita la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional

Casado facilita la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (d), da la bienvenida al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López (i). (EFE)
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El ministro Campo y López han cerrado el acuerdo, y Lesmes, que irá al Constitucional, ha presionado al PP para un acuerdo que se facilita tras la destitución de Álvarez de Toledo.

La renovación de órganos institucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, está solo pendiente de la decisión del presidente del PP, Pablo Casado, según fuentes del Gobierno y del principal partido de la oposición. Y esa decisión depende de la estrategia política que diseñe el líder del PP en septiembre y su margen de maniobra para cerrar acuerdos con el Gobierno, marcado por la anunciada moción de censura de Vox y la posible convocatoria de elecciones en Cataluña.

La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo despeja el camino para ese acuerdo, según ha explicado la hasta ahora portavoz de PP. Con su marcha, desaparece una de las voces críticas y se abona el camino a un acuerdo. El pacto está prácticamente cerrado por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, solo a la espera de la decisión política de Gobierno y populares. Ambas partes empezaron a hablar en enero, pero el acuerdo se frenó primero por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado y luego por el estallido de la pandemia.

En el mes de julio, la Moncloa contactó con el PP para expresar a Casado la voluntad de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de cerrar el acuerdo en septiembre. El líder de la oposición dejó la respuesta pendiente para el arranque del curso político. En los últimos meses, el Gobierno ha contado con la presión al PP del mundo judicial, especialmente, por el actual Consejo que preside Carlos Lesmes y que terminó su mandato en diciembre de 2018.

 

 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)

Desde entonces, hace ya año y medio, está pendiente la renovación de 20 vocales. El equilibrio actual impone una mayoría conservadora, alcanzada en un momento en que el Ejecutivo estaba aún en manos de los populares y presidido por Mariano Rajoy. Así, 11 de los actuales miembros lo fueron a propuesta del PP, siete de ellos por el PSOE, uno por IU y uno por el PNV.

Sobre el papel, la idea es que el actual presidente, Lesmes, sea designado miembro del Tribunal Constitucional, siguiendo la tradición de otros presidentes del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo que cesaron en sus funciones tras las sucesivas renovaciones. Gobierno y PP están de acuerdo en este nombramiento de Lesmes y así se lo han trasladado.

Destacados dirigentes del PP han trasladado a Casado la necesidad de proceder a la renovación. Entienden que supone diferenciarse de Vox, como partido de Estado que cumple la Constitución y respeta las instituciones. Según indican fuentes conocedoras de la negociación, el líder de la oposición es consciente de que renovar constituye una obligación constitucional que, sin embargo, tiene sus contraindicaciones. Un pacto con los socialistas dará munición a Vox, en vísperas de la supuesta moción de censura, y permitirá que Santiago Abascal intente coger la bandera de único partido de oposición real al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La renovación debe aprobarse en el Congreso y el Senado y puede estar concluida en pocas semanas

Para el CGPJ, el pacto consiste en 10 vocales propuestos por el Gobierno y otros 10 por el PP. El Ejecutivo se reserva la propuesta de presidente para cerrarlo con los populares, de forma consensuada, y prevé ceder puestos a Unidas Podemos y al PNV para que propongan un vocal cada uno.

La renovación debe aprobarse en el Congreso y el Senado y puede estar concluida en pocas semanas, incluyendo la comparecencia de los candidatos. Hay dos fechas clave. El deseo del Gobierno de Pedro Sánchez es acudir al acto de apertura del año judicial, previsto el próximo 7 de septiembre, con la tarea ya hecha. También se quiere que el acuerdo quede cerrado antes de que, a medios de mes, comience a estudiarse la condena al ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra. Aunque parece que la decisión de Carles Puigdemont dilatará la convocatoria de elecciones en Cataluña, una inhabilitación en firme abre el riesgo de que se precipiten los comicios y se aleje, con ellos, la posibilidad de pacto.

La renovación de los dos órganos constituirá, previsiblemente, el pistoletazo de salida para abordar la de otros organismos que también están en funciones. Está pendiente el nombramiento del defensor del pueblo y otros cargos que precisan acuerdo entre PSOE y PP, como la Agencia de Protección de Datos, entre otros. Más conflictiva es la renovación del Consejo de RTVE y, posteriormente, de su máximo responsable. Fuentes del Gobierno explican que desearían acabar con la situación actual de interinidad, con Rosa María Mateo al frente, pero el PP es mucho más reacio a pactar sobre la radiotelevisión pública, para no cerrar la opción de utilizarla como arma de acción política.

Fuente: Fernando Garea/Beatriz Parera – El Confidencial

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