La Fiscalía de los intocables

La Fiscalía de los intocables
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El caso de la tarjeta de Dina Bousselham ha servido para conocer el modus operandi de algunos fiscales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.

Guiados tal vez por un buen fin ciertos fiscales, y en especial Ignacio Stampa, han actuado bordeando, si no transgrediendo, la legalidad. La caza del ex comisario José Manuel Villarejo (las famosas cloacas) ha servido de cobertura para eludir el principio de neutralidad que debe inspirar la acción del Ministerio Público.

En sus 25 años de historia, la Fiscalía Anticorrupción ha prestado indudables servicios a nuestro sistema democrático, investigando casos de gran repercusión pública que han afectado a los principales partidos políticos.

Pero también durante este cuarto de siglo en la Fiscalía Anticorrupción se ha creado una sensación de impunidad que ha llevado a algunos fiscales a actuar como si ellos fueran la ley.

Esos fiscales se sienten intocables y son conscientes de su enorme poder, que exhiben sin recato.

En diciembre de 2018 el juez que instruía la causa contra Villarejo, Diego de Egea, decidió abandonar la Audiencia Nacional. Adujo «motivos personales», pero, en realidad, la causa de su renuncia fue la guerra interna que le habían montado los fiscales del caso: Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

El enfrentamiento era público. Los fiscales se opusieron al levantamiento del secreto de sumario y también a la libertad del ex comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca. Entre otros motivos de desencuentro. Los fiscales no podían entender decisiones que, a su juicio, beneficiaban al principal imputado, el comisario Villarejo. En conversaciones con algunos periodistas dejaron caer que el juez no era de fiar.

De Egea llegó a confesar a un grupo de colegas de la Audiencia Nacional que no podía trabajar en esas condiciones porque los fiscales querían llevar la instrucción a su manera y con métodos que «dan miedo».

El caso Dina Bousselham/Pablo Iglesias ha sacado a la luz una forma de actuar en Anticorrupción que bordea los límites de la legalidad

La Fiscalía General decidió la semana pasada abrir una investigación para determinar si los encargados del caso Villarejo han podido cometer delito de revelación de secreto según se infiere de los mensajes de la abogada Marta Flor, representante legal de Bousselham y del vicepresidente Pablo Iglesias hasta hace sólo unos días.

Un fiscal con muchos años de experiencia es escéptico al respecto: «Yo creo que esa investigación terminará archivándose. El corporativismo es muy grande y nadie se atreve a meter mano a la Fiscalía Anticorrupción».

El último que lo intentó salió chamuscado. En febrero de 2017 el entonces Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, puso al frente de Anticorrupción a un hombre de gran prestigio: Manuel Moix. Su misión, entre otras cosas, era poner orden en una casa en la que mandaba el llamado «grupo de los intocables».

Maza refirió en alguna ocasión la anécdota de su primera visita como Fiscal General a Anticorrupción. María Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica, se le acercó y le espetó: «Cuidado. Esto es West Point». A lo que él, con socarronería, contestó: «No conozco a ese fiscal».

Moix no tardó mucho en darse cuenta de que su tarea no iba a ser fácil. Remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia de acoso de un testigo contra tres fiscales de Anticorrupción (José GrindaFernando Bermejo y Juan José Rosa). Eso se interpretó internamente como un ataque a la independencia de los fiscales. Uno de ellos alardeó en una comida en un restaurante madrileño: «A Moix nos lo vamos a cargar».

Días después se filtró la información de que Moix era propietario junto a sus hermanos de una sociedad radicada en Panamá que tenía como activo una vivienda que heredaron de su padre. Moix dimitió.

El poder de la Fiscalía Anticorrupción se basa en que los casos que investiga son de gran relevancia política y mediática. Eso les da a sus funcionarios un cierto halo de integridad y, al mismo tiempo, una reconfortante sensación de impunidad.

La relación entre la abogada Flor y el fiscal Stampa (al que ella llama cariñosamente Ironman) sólo se puede entender desde esa perspectiva: para cargarnos a Villarejo, vale todo.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico son escépticas respecto a las consecuencias que pueda tener el caso Bousselham/Iglesias en la particular forma de actuar de algunos miembros de Anticorrupción. «Nadie va a querer meter mano ahí. Lo lógico es que esa Fiscalía no existiera, que sus casos los llevara la fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero plantear ahora eso es políticamente incorrecto. A quien lo haga se le acusará de no querer luchar contra la corrupción. ¿Quién asume ese riesgo?», se pregunta un fiscal que conoce a fondo la Fiscalía Anticorrupción.

Si queremos que la Justicia mejore en España no nos podemos permitir el lujo de ser escépticos.

Fuente: Casimiro García-Abadillo – El Independiente

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