España de récord: el tercer país con mayor tasa de mortalidad

España de récord: el tercer país con mayor tasa de mortalidad
Cámaras funerarias en el edificio conocido como El Dónut, que se usó como morgue en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia, en Madrid/Foto: D.SINOVA / HANDOUT/EFE
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Figura entre los estados que arrojan las peores cifras de todo el planeta incluso con las cifras falseadas. En este tiempo ha habido adulteración de cifras, sobreprecios, borrado de informes…

El 15 de marzo el estado de alarma era ya plenamente operativo en España. Hasta ese domingo, el coronavirus había infectado en nuestro país a 7.753 personas y se había cobrado 288 vidas. Cien días después de aquello, el balance resulta desolador. Del «España no va a tener más allá de algún caso», como pronosticaba el gurú científico del Gobierno, Fernando Simón, se ha pasado a contabilizar más de 292.000 infecciones y, lo que es peor, 28.322 fallecimientos reconocidos por el Ministerio de Sanidad, que superarían ampliamente los 40.000 con las cifras de muertes de los registros civiles o del propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más de tres meses después de adoptarse una de las medidas de mayor calado en la historia de la democracia, España es el sexto país de todo el mundo en número de casos de Covid-19 diagnosticados, y el sexto también en muertes totales. En tasa de mortalidad alcanza incluso el triste honor de ser el tercero, al arrojar 605 fallecimientos por cada millón de habitantes, sólo por detrás de Bélgica y Reino Unido. Con las cifras reales de defunciones que el Ministerio de Sanidad no incluye en sus estadísticas, ignorando el método de contabilidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), España ocuparía el primer lugar.

¿Ha funcionado entonces el estado de alarma? Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alardea de que el confinamiento salvó miles de vidas, lo cierto es que no ha impedido que España figure en la lista negra de los estados que peores resultados arrojan de todo el planeta. Resultados objetivos que describen lo que la mayoría de los expertos apunta: que el Gobierno actuó tarde y mal para hacer frente a la pandemia.

Aunque parezcan pocos, cien días dan para mucho. No sólo para intentar edulcorar las cifras globales con maquillajes contables, sino también para ocultar documentos comprometedores para el Gobierno, que evidencian que Sanidad tenía conocimiento pleno del peligro del nuevo coronavirus desde mucho antes de que avalase las centenares de concentraciones feministas del 8 de marzo, así como eventos políticos y deportivos de todo tipo.

El borrado de documentos

Uno de los documentos más comprometedores para el ministro de Sanidad es el que divulgó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) de Fernando Simón once días después de que Salvador Illa accediera al cargo. El estado de alarma ha dado pie a este departamento a eliminarlo de su web, algo parecido a lo que sucedió con dos protocolos posteriores. Se trata del datado el 24 de enero y su «borrado» de la web oficial se produjo el 30 de marzo.

En él, los técnicos del Ministerio ya recomendaban investigar la infección de cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda grave. El documento recomendaba el aislamiento de los casos sospechosos y reconocía que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de cinco micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas.

También pedía el uso de material de protección para los sanitarios, el mismo del que la OMS apremió a hacer acopio, y que luego faltó clamorosamente en la mayor parte de los centros sanitarios. El CCAES elaboró otros dos documentos antes del 8-M con recomendaciones técnicas para hacer frente al SARS-CoV-2. Uno data del 10 de febrero y el otro del 6 de marzo. Ambos llevaban la firma de Simón y de otros 14 técnicos del CCAES. Durante el estado de alarma, el Ministerio los eliminó de su web, pero el 19 de mayo los volvió a subir, eliminando, eso sí, esos nombres. En ambos se constata que Sanidad era plenamente consciente del riesgo que se avecinaba. Citaban, por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad y alertaban de que cada infectado podía contagiar a entre dos y tres personas. Pese a ello, avaló el 8-M.

Falta de materiales y querellas de sanitarios

A pesar de las alertas de la OMS y de su llamamiento a efectuar acopio de materiales antes del estado de alerta, y de que el propio Ministerio conocía la necesidad de utilizar equipos de protección individual adecuados en los centros sanitarios, el Gobierno no empezó a lanzarse a los mercados hasta entrado marzo, cuando la carestía era la nota dominante porque otros países se habían adelantado y cuando el virus circulaba libremente por España.

Hubo, además, otro problema añadido. Sanidad encomendó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un organismo que apenas tiene competencias sobre la sanidad de Ceuta y Melilla y carece de experiencia en el comercio internacional, la compra de este material. El resultado fueron adquisiciones tardías, insuficientes, a proveedores muchas veces desconocidos y a precios desorbitados. El Ministerio ignoró a principios de marzo, sorprendentemente, los listados que le facilitó la patronal Fenin com proveedores fiables y de máxima garantía. La llegada insuficiente de estos equipos a los hospitales y la retención en las aduanas de los que adquirían las autonomías disparó las infecciones entre sanitarios. Desde el 5 de junio el Ministerio no ofrece cifras de trabajadores contagiados, pero aquel día se contabilizaban 52.482. España es el país del mundo con más sanitarios infectados. Dos organizaciones han impuesto pquerellas criminales contra el Gobierno: el Consejo General de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). También lo ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Sobreprecios y equipos defectuosos

Es uno de los capítulos más negros del estado de alarma. El Ministerio ha realizado compras por importe muy superior al de mercado por equipos que no eran incluso los mejores para el fin para el que se adquirían. El mejor ejemplo es el de la adquisición de 200 respiradores a Tec Pharma, de Armilla, Granada, creada año antes con 3.000 euros de capital. El Ingesa le encargó 200 respiradores electroneumáticos y pagó por cada uno 49.610 euros. Su precio real no sobrepasa los 20.000, aunque algunos expertos lo cifran en menos de 17.000. Al igual que ocurre con centenares de ventiladores adquiridos, los intensivistas y anestesiólogos consultados por este periódico aseguran que se trata de equipos no idóneos para las UCIS, en donde sólo podrían usarse como equipos de emergencia a falta de los que verdaderamente son útiles para enfermos críticos de Covid-19.

En el estado de alarma, el Gobierno ha comprado mascarillas «fake» sin los certificados que avalan su capacidad efectiva de filtrado, y test defectuosos a otro proveedor desconocido, Interpharma, que hubo que devolver.

Bandazos continuos: mascarilla y test

Dos casos clamorosos son los que mejor ejemplifican la improvisación con la que se ha actuado en esta crisis: las mascarillas y los test rápidos. Con respecto a las primeras, el Gobierno desaconsejó su uso en personas sanas varias veces a lo largo de la crisis. Gradualmente fue cambiando su criterio para convertirlas en primero en recomendables y luego en obligatorias en los transportes públicos. En lo que ha dado en llamar «la nueva normalidad» son obligatorias cuando no pueda mantenerse la distancia de separación de metro y medio. Llamativo resulta también que, a pesar de haberse convertido en un producto de primera necesidad, el Ejecutivo mantenga un IVA del 21%, lo que constituye un duro golpe para el bolsillo de las familias menos favorecidas. Con los test rápidos ha sucedido otro tanto. Estas pruebas que eran tan «importantes», según dijo Sánchez, se desaconsejan ahora para el diagnóstico de los casos, tras la revisión que hizo el Ministerio de uno de sus documentos técnicos.

Residencias

La declaración del estado de alarma convirtió al Gobierno en máximo responsable de lo que sucedió en ellas, al asumir el mando pleno. El criterio general de Sanidad con respecto a los residentes fue el aislamiento de los casos sospechosos y positivos en las habitaciones, considerando subsidiario el envío a los hospitales. A falta de cifras oficiales sobre lo ocurrido, algunas fuentes oficiosas cifran los fallecimientos dentro de ellas en alrededor de 13.000. Pablo Iglesias, como ministro social del Gobierno, prometió 300 millones para dotarlas de equipos de protección y reforzarlas durante la pandemia. A día de hoy, se desconoce el destino del dinero. Los médicos de diez sociedades científicas han desmentido además a los que acusan a los médicos y a las autoridades de regiones como Madrid de avalar los triajes por razones de edad.

Según aseguran, ningún paciente dejó de recibir atención ante la falta de medios por este criterio.

Criterios políticos en lugar de epidemiológicos

Desde principios de marzo, muchas de las decisiones de Sanidad han respondido a criterios políticos, más que epidemiológicos. Ya se ha citado el aval a las concentraciones feministas pese a que las normas elementales de Salud Pública desaconsejaban este tipo de actos y el propio ministerio se los vetaba a los evangelistas o a médicos y enfermeras. También se ha aludido al cambio de criterio con las mascarillas: cuando no había no eran necesarias y cuando ya las hay han pasado a ser obligatorias. Un hecho insólito fue vetar el avance de Madrid, gobernada por el PP, a la segunda fase de la desescalada con un informe firmado con posterioridad a la comunicación de la negativa, como refrenda la firma electrónica de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio.

Desprecio al Parlamento

En los últimos tres meses, el Ministerio de Sanidad ha despreciado al Parlamento en numerosas ocasiones. Por ejemplo, todavía no ha acudido en toda la crisis ningún alto cargo a dar explicaciones al margen del ministro. Ni el número dos, Faustino Blanco; ni la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, desaparecida durante la pandemia; ni la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz; ni el director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios; ni el cuestionado director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez; ni la directora de la Agencia del Medicamento, María Jesús Lamas. En las respuestas parlamentarias Sanidad se ha limitado a contestar de forma genérica o a remitir a enlaces de páginas web. La réplica a la primera pregunta parlamentaria sobre el coronavirus tardó cuatro meses en producirse.

Fuente: Sergio Alonso – La Razón 

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