Sanidad comenzó a verificar la calidad del material chino después de 37 días de compras

Sanidad comenzó a  verificar la calidad del material chino después de 37 días de compras
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, este martes en la sesión de control en el Senado. (EFE

Salvador Illa contrató a Aenor para inspeccionar las importaciones el 21 de abril, tras más de un mes de estado de alarma y justo después del escándalo de las mascarillas Garry Galaxy.

El Ministerio de Sanidad no empezó a certificar la calidad del material que estaba comprando en China para hacer frente a la crisis del coronavirus hasta 37 días después de declarar el estado de alarma y asumir el mando único en la adquisición de suministros clave. El departamento que dirige Salvador Illa firmó el primer contrato para inspeccionar sus importaciones desde Asia el 21 de abril, según refleja un acuerdo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) con la compañía española de verificación industrial Aenor Internacional SAU, desvelado recientemente.

En el momento de la contratación de Aenor, Sanidad ya había gastado en torno a 950 millones de euros en la compra de mascarillas, equipos de protección, test de covid-19, hisopos y otros productos imprescindibles para afrontar la pandemia. Parte de estos lotes llegaron a España y fueron distribuidos por las distintas comunidades autónomas a pesar de presentar graves deficiencias que provocaron decenas de contagios. Así ocurrió con un cargamento de 2,1 millones de mascarillas defectuosas de la marca china Garry Galaxy que fueron adquiridas por Sanidad a través de un intermediario de ese mismo país tras pagarle por adelantado 23,8 millones de euros.

Pinche para leer el contrato.
Pinche para leer el contrato.

La compra se firmó el 20 de marzo y el material comenzó a llegar a hospitales de todo el territorio nacional en los primeros días de abril. Se trataba de mascarillas con nivel de protección FFP2, uno de los más exigentes e indicado por ello para trabajadores de la sanidad. Sin embargo, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo descubrió que el lote importado por el ministerio no alcanzaba el 92% de filtración exigida para ese estándar, sino que se quedaba en el 70%. La directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud, Patricia Lacruz, tuvo que enviar una circular el 15 de abril a todas las comunidades para ordenar la “retirada inmediata” de todos los ejemplares. Solo en Galicia ocasionaron al menos 76 infecciones entre personal sanitario.

Sanidad firmó el contrato con Aenor seis días después de ese episodio, según especifican las cláusulas de la adjudicación, que no habían trascendido hasta ahora. Mediante el acuerdo, el ministerio se aseguró el control de los “documentos técnicos de las empresas proveedoras de material”; la “inspección de control de producción”; la “supervisión de la carga” de los lotes adquiridos; su “supervisión e inspección final”; la “toma de muestras para ensayo en laboratorio”, y la “inspección en fábrica suministradora de implantación de la norma EN ISO 13485”, específica para la producción de material médico.

Fuentes de Sanidad aseguran a este diario que la contratación de Aenor tuvo como objetivo conseguir un “plus de seguridad” en sus adquisiciones y subrayan que, hasta ese momento, el propio ministerio hizo inspecciones de todo tipo desde un “punto de vista técnico y financiero”. “Fichas técnicas, descripción de características, solvencia…”, afirman. Esos controles, sin embargo, no evitaron incidentes como el de las mascarillas.

No fue el único que puso en cuestión la fiabilidad de los suministros del departamento de Illa. El 26 de marzo, un mes antes de la contratación de Aenor, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio, Fernando Simón, tuvo que admitir en rueda de prensa que se habían adquirido 8.000 test rápidos de covid-19 que no ofrecían la fiabilidad esperada. Poco después, se descubrió que el proveedor, la firma china Shenzen Bioeasy Biotechonologyno tenía el aval de las autoridades de Pekín para exportar material sanitario. El escándalo terminó afectando a una partida de 640.000 unidades. No habían pasado ningún tipo de examen, pero la cartera de Illa pagó por ellos 17,1 millones de euros a través de un bróker de Barcelona que mantuvo en secreto durante semanas.

Las adjudicaciones más polémicas se las llevó FCS Select Products SL, una mercantil catalana dedicada al ‘marketing’ de bebidas alcohólicas, cuya administradora única fue condenada en 2015 por un delito de estafa continuada. Durante los primeros días de marzo y los primeros de abril, Sanidad le concedió a dedo varios contratos para el suministro de mascarillas por un importe total de 263 millones de euros. El cargamento más importante llegó a España en las horas previas al 13 de abril. El Gobierno había anunciado previamente que ese día repartiría 10 millones de unidades en el transporte público. Moncloa consiguió los ejemplares que había prometido, pero ni FCS Select Products ni Sanidad han revelado nunca a qué fabricantes chinos se compró esa mercancía, ni consta ninguna prueba de que reunieran los estándares mínimos de seguridad.

Con la adjudicación a Aenor del Ingesa tras cinco semanas de estado de alarma, Sanidad intentó evitar nuevos fiascos. La empresa de certificación se comprometió a verificar la calidad de las adquisiciones a fabricantes de “mascarillas quirúrgicas, mascarillas pediátricas, batas para entornos quirúrgicos, guantes de nitrilo para examen e hisopos” para pruebas de coronavirus. El contrato sigue vigente. No termina hasta el 21 de agosto y contempla la opción de prorrogarlo otros dos meses.

Según el acuerdo firmado por el Ingesa —el órgano del ministerio que centralizó las licitaciones desde el inicio de la crisis—, el precio de las verificaciones de mercancías está fijado en un máximo global de 160.000 euros, IVA incluido, con un listado de tarifas para cada uno de los servicios individuales. El estudio de documentación de una fábrica en origen asciende a 242 euros; la inspección de la producción en la propia planta son otros 605 euros, y la inspección de la regla ISO 13485, 1.452 euros por jornada de trabajo, por ejemplo. En España, las inspecciones en fábrica y almacén se quedan en 968 euros por jornada. El contrato rubricado por el ministerio con Aenor también incluye una cláusula de confidencialidad.

El Gobierno también demostró falta de previsión en otros capítulos. Como reveló este diario, a pesar de que desde finales de febrero se sabía que el SARS-CoV-2 afectaba gravemente a la respiración y muchos pacientes necesitaban ventilación mecánica, Sanidad no contactó con el único fabricante español de respiradores para pedirle que incrementara la producción hasta el 18 de marzo, tras la declaración del estado de alarma y cuando ya habían fallecido por coronavirus 598 personas.

Fuente: José María Olmo – El Confidencial

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