¿Pablo Iglesias ha hecho algo positivo? Las residencias no tienen «ni idea» de dónde están los 300 millones que les prometió Iglesias

¿Pablo Iglesias ha hecho algo positivo? Las residencias no tienen «ni idea» de dónde están los 300 millones que les prometió Iglesias
Una sanitaria atiende a un anciano en una residencia geriátrica. EFE/Mariscal.

¿Qué sucedió realmente en las residencias españolas durante la pandemia del coronavirus? Las preguntas se suceden y las respuestas cada vez son más inquietantes. Una de las cuestiones por resolver es dónde han ido a parar los 300 millones que, según anunció el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado 19 de marzo, en plena emergencia sanitaria, serían transferidos a las comunidades autónomas para reforzar las residencias, los servicios de tele-asistencia o los de atención domiciliaria en un momento crítico: sin test, equipos de protección, ni personal. Desde las patronales del sector desconocen quién se ha beneficiado de esa ayuda económica.«Ni idea», contestan. 

El pasado 19 de marzo, con el país asolado por la pandemia y las residencias pidiendo ayuda a gritos por las muertes en cascada de mayores, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecía junto al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que anunciaba una dotación de 300 millones de euros que se destinarían a las comunidades autónomas para reforzar tanto las residencias de mayores como teleasistencia y atención en domicilios para personas mayores y dependientes.

Los fondos, según el vicepresidente, se destinarían para, entre otras cuestiones, medicalizar y dotar de equipos a las residencias de mayores, cuyas plantillas, recordaba, estaban desbordadas. «Es urgente medicalizar estos centros con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros», por lo que «estamos trabajando con Sanidad para que lleguen cuanto antes», indicaba Iglesias entonces.

Las competencias, de las comunidades

Iglesias insistía esta misma semana en que las competencias en materia de residencias durante la crisis sanitaria eran de las comunidades autónomas y repetía la dotación de 300 millones que se habían destinado, entre otros aspectos, a los centros.

Cuando este diario pregunta a Ignacio Fernández-Cid, presidente la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), una de las patronales que más ha peleado por reclamar a las autoridades sanitarias la ayuda que necesitaban durante los momentos más críticos, si han tenido noticias de esa partida económica, de cómo se ha distribuido por comunidades autónomas o si han recibido alguna dotación económica, la respuesta es contundente: «Ni idea. Me acuerdo de eso perfectamente, nos iban a dar 300 millones para reforzar el personal o equipos de protección, pero no hemos recibido ninguna comunicación al respecto»

Respuesta similar a la que ofrecen desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). «No hemos tenido más noticia que lo que vimos a través de los medios», asegura a Vozpópuli su secretario general, Jesús Cubero.

Tampoco, durante este tiempo, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que preside Pablo Iglesias, se ha emitido ninguna nota de prensa indicando el desglose de esa ayuda por comunidades. Vozpópuli ha intentado conocer esa información a través de la vicepresidencia segunda del Gobierno, sin conseguirlo. 

Castigados sin ir al Congreso

Desde la FED insisten: desconocen a dónde ha ido a parar ese dinero, porque ellos no han recibido nada. Ambas patronales han denunciado durante este tiempo que los residentes no eran admitidos en los hospitales cuando se llamaba para pedir los ingresos o que los centros se encontraban en una situación desesperada: sin personal, sin test, sin equipos de protección…

La FED Agrupa a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas; 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de tele-asistencia. AESTE tiene 43.800 plazas residenciales en más de 340 y disponen, asimismo, de 7.500 plazas de Centro de Día en 150 centros. Además, prestan servicio de Ayuda a Domicilio a 41.200 personas y ofrecen el servicio de Teleasistencia Domiciliaria a 46.600 personas.

Su contundencia, dice Fernández-Cid, le ha valido, en su caso, «el castigo» de no comparecer, por ejemplo, ante el  grupo de trabajo de Sanidad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, a donde sí han acudido otras patronales del sector. «Llevamos desde el inicio diciendo las verdades del barquero. Por eso nos castigan, pero da igual. Lo importante es que salga el mensaje y ha salido clarísimo», afirma el presidente de la FED.

Sí existían protocolos y órdenes 

Ignacio Fernández-Cid alude a lo que era un escalofriante secreto a voces y que, ante la Comisión de Reconstrucción denunció Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS): que hubo «procedimientos» en algunas comunidades autónomas para no trasladar a los hospitales a usuarios de residencias de mayores y no solo en la Comunidad de Madrid como ha venido contando este digital.

¿Vio alguna de esas instrucciones por escrito?, pregunta Vozpópuli al presidente de la FED. «Sí, claro», responde. «Lamentablemente van saliendo documentos que acreditan lo que llevamos tres meses diciendo y ahora se rasgan las vestiduras…», apostilla.

Miren ustedes: lo que llevamos denunciando desde mediados de marzo, lamentablemente se está confirmando desde la A a la Z», señala Fernández-Cid

¿En qué contexto vio esas instrucciones? ¿En la Comunidad de Madrid?, inquiere este digital. «Es que estamos en un juego muy peligroso, porque se está utilizando políticamente, no para llegar a soluciones, si no para tirarle el dato políticamente a la cara del otro y no quiero entrar en eso, bajo ningún concepto. Lo que digo es: ‘Miren ustedes: lo que llevamos denunciando desde mediados de marzo, lamentablemente se está confirmando desde la A a la Z. Ahora lo que nos interesa muchísimo es que no se vuelva a repetir y tomar buena nota«.

Desde AESTE señalan que la entidad «siguió los protocolos que se marcaron en cada momento. A principios de marzo se siguieron los protocolos marcados por el Gobierno y más adelante recayó la responsabilidad de marcar estos protocolos en las comunidades y las asociadas de AESTE se ciñeron a estos en todo momento: en este caso en los marcados por la Comunidad de Madrid».

El retraso en los datos de Sanidad

«Cuando salgan los malditos datos de las personas mayores que han fallecido en esa época de cuatro/cinco semanas, pongamos del 8 de marzo al 9 de mayo, podremos preguntarnos ¿por qué la gente mayoritariamente ha fallecido en las residencias y no en los hospitales?. Si la argumentación es que las residencias son la viviendas de los mayores, la gente no fallece en su casa, ¿no?. La gente fallece en el hospital. Y el que fallece en casa es porque al pobre no le ha dado tiempo», desliza Fernández-Cid.

«Increíblemente no sabemos nada. Eso ya huele por todos lados. Una cosa es que se cocine, pero lo están abrasando ya», critican desde la FED sobre el esperado informe de Sanidad sobre muertes en residencias

El último recuento de Europa Press sobre mayores fallecidos durante la crisis sanitaria arroja una cifra terrible: al menos 18.285 personas en residencias públicas, concertadas y privadas de toda España. Faltan los datos oficiales. Sanidad trabaja desde hace meses en un informe con el número total de fallecidos. Siguen en la labor, indican desde el departamento que encabeza Salvador Illa que hace apenas unos días señalaba que si ese documento, que clarificará el total de personas que perdieron la vida durante la pandemia en los centros residenciales, no está finalizado es porque las comunidades autónomas no han remitido datos que ya pidió desde el pasado mes de abril. 

«Increíblemente no sabemos nada del informe. Eso ya huele por todos lados. Una cosa es que se cocine, pero lo están abrasando ya. No pueden excusarse en que no les llegan los datos de las comunidades. Se los vuelcan martes y viernes. Y nosotros, todos los días de la semana, de lunes a domingo, enviamos nuestros datos (a las comunidades). Que no me digan que no los tienen», añade. 

AESTE, por su parte, muestra su interés por contar con los datos de ese informe. Indica que «desde el primer día, las empresas asociadas están facilitando las cifras de fallecidos diarios a las administraciones de la comunidad autónoma y ellos son quienes lo remiten al Gobierno».

Temor a un rebrote y qué sucederá en las residencias

Fernández-Cid muestra su preocupación por lo que pueda suceder si se produce un rebrote. «¿Qué se va a hacer con las residencias?, ¿qué apoyo nos van a dar?. Lo primero, lo normal, sería demandar un mapa epidemiológico exacto de cómo están las residencias. No ha afectado a todas, pero ya se sabe que la incidencia del virus es criminal. ¿Qué planes tienen preparados para las residencias?. No lo sabemos todavía. Es increíble, pero no lo sabemos», se lamenta.

Eso sí, lanza un mensaje a Pablo Iglesias «Nos preocupa muchísimo que se cuestiona el modelo actual y se proponen alternativas», señala en relación a las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno considerando un «escándalo» lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde han fallecido más de 6.000 ancianos. «Es una situación vergonzosa. El modelo no funciona», aseguraba Pablo Iglesias.

Iglesias defendía un modelo de dependencia similar al de los países nórdicos. Fernández-Cid se muestra contrariado: «Por favor tengan primero los datos. Iglesias no conoce ese modelo, nosotros sí. Estuvimos en Suecia hace casi veinte años y la plaza de residencia costaba 150 euros/día. ¿Sabe a qué precio nos concierta la administración veinte años después (precio medio entre las comunidades? A 54 euros», añade. 

Las diferencias con el modelo nórdico

El presidente de la FED subraya que el modelo nórdico es diferente al español entre otras cuestiones porque «la gente vive alquilada en pisos. Ellos ya no desarrollan más plazas de residencias, llevan años cerrando. Promocionando complejos de apartamentos para personas mayores con muchos servicios comunes. La legislación  que hay en España sobre esos complejos de servicios aquí no existe. Es un servicio al que siempre se le ha tenido mucho miedo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente», explica el presidente de la FED.

Y añade: «Lo que escuché al vicepresidente del Gobierno es que hay que promocionar que la gente tiene que vivir en su casa. Señor vicepresidente: el problema principal de los mayores es la soledad. ¿Qué solución arbitra usted? Incidir más en la soledad, que afecta a más de un 40 % de mayores que viven solos en sus domicilios. Cuando se hable de cambiar el modelo, hable usted con las personas que se supone que somos expertas y digo yo que algo sabemos de esto porque llevamos atendiendo a dependientes desde hace más de 30 años«, apunta.

Fuente: Nieves Salinas/Diana Fresno – Vozpópuli

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