El fantasma de una imputación por el caso De los Cobos vuela sobre Marlaska

El fantasma de una imputación por el caso De los Cobos vuela sobre Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. EFE
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Pudo haber una «amenaza condicional»

La nota de la directora general de la Guardia Civil es un indicio probatorio claro de que pudo haber un delito que casi obligaría al Supremo a admitir una posible querella.

“Si al Supremo le llega una querella contra Grande-Marlaska, va a tener muy difícil no admitirla con la nota de la directora general de la Guardia Civil como indicio probatorio claro de que algo pasó que puede ser delito y hay que esclarecerlo”. Esa es la conclusión a la que llegan de forma clara varios de los fiscales, magistrados y expertos en Derecho Penal con más experiencia de este país, que ven en la nota de la responsable del instituto armado la clave que puede hacer que el ministro se convierta a los ojos del Tribunal Supremo en un investigado (léase imputado), algo que supondría su dimisión como ministro. 

Desde un punto de vista jurídico, a un juez como Marlaska no se le escapa que esa nota, que admitía que el cese del coronel se producía por su falta de colaboración al informar sobre el “desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”, puede tener muchas interpretaciones, desde la más benévola para la cúpula de Interior, hasta la más sospechosa de que algo se hizo mal, sobre todo por su alusión a la Policía Judicial, algo que prácticamente obligaría al Supremo a tomar cartas en el asunto, si así se lo reclaman, aunque solo sea para esclarecer los hechos.

El ministro del Interior se enfrentará esa semana a sendas baterías de preguntas sobre su actuación en el cese de Diego Pérez de los Cobos en las sesiones de control en el Congreso y en el Senado, y seguro que saldrá airoso de esa batalla, con el ánimo de que la opinión pública se olvide cuanto antes del tema. Pero desde el punto de vista jurídico, el ministro sabe que los tiempos son otros y que una más que posible querella interpuesta contra su persona ante el “indicio probatorio de que quería conocer el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M que solo la juez podía tener”, haría muy complicado que los magistrados del Alto Tribunal tomaran la “arriesgada decisión de no admitir a trámite la querella, para instruir el caso y analizar lo ocurrido”.

El resultado de esa investigación de la Sala Segunda (que preside Manuel Marchena, el juez del procés) sería luego una resolución que puede archivar el caso y hasta determinar que los informes que se manejan para acusar al ministro están mejor o peor hechos, pero el ministro ya habría comparecido como investigado y sobre su persona se habría producido lo que en términos jurídicos se llama el ‘strepitus fori’, más conocido como ‘pena de telediario’.

“El problema político se salva a corto plazo, pero el problema jurídico que tiene el ministro es que el papel de la directora general prueba la sospecha que todos teníamos de que quería conocer de antemano lo que la Policía Judicial estaba haciendo”, advierte un catedrático de Penal y abogado en ejercicio desde hace más de tres décadas. A su entender, hay que probar que el ministro avala la realización de un acto administrativo (cese del coronel De los Cobos) que supone una “desviación discrecional de poder”, lo que le colocaría en las puertas del artículo 404 del Código Penal, que se refiere a la prevaricación: tomar una decisión a sabiendas de que es injusta.

En el análisis jurídico, el paso previo a esa posible prevaricación vendría de la mano de un posible delito de “amenaza condicional ejercida sobre un funcionario” (o me das la información o te ceso por falta de confianza) que sería cometido directamente por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que es quien firma el cese, con la directora de la Guardia Civil como coautora y el ministro como cooperador necesario. “El Supremo, últimamente está usando el concepto de declarar autores a todos, como si fueran un equipo”, explica. En cualquier caso, la Sala Segunda puede decidir que solo se ocupa del caso de Marlaska, como aforado, y tanto el secretario de Estado como la directora general serían juzgados por los tribunales ordinarios.

Un exjuez de lo Penal muy bragado en este tipo de procesos mediáticos de alto nivel advierte, en el mismo sentido, que “el papelito de la directora es realmente peligroso para Marlaska” porque, aunque no haya materia suficiente para que se le abra un juicio penal, “si alguien se querella, es muy posible que lo admitan a trámite en la Sala Segunda”. Según su análisis, es muy difícil probar la obstrucción a la justicia y, técnicamente, no puede haber revelación de secretos porque se pide la información antes de que el informe del 8-M llegue al juzgado. “Pero sí puede haber coacciones sobre Pérez de los Cobos y, aunque el juez esté cubierto, puede ser grave para su carrera pública”. A su entender, es relevante que la nota de María Gámez habla de pedir información a la Policía Judicial, algo que, aunque sea en grado de solo conocimiento, atenta contra el secreto de este tipo de actuaciones que consagra el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía en un brete

Desde el punto de vista fiscal, es evidente que la postura que marque el fiscal del caso que se juzga en Madrid sobre la gestión del 8-M va a marcar parte del proceso, sobre todo cuando los criterios para elaborar ese informe los marcará la exministra de Justicia, Lola Delgado, actual fiscal general. Uno de los grandes expertos del Ministerio Público de este país recuerda que en este caso, más que en ningún otro, Delgado se debe al principio de imparcialidad y su vocación de estar al servicio de defender los intereses de los ciudadanos, de forma que cualquier atisbo político en su posicionamiento puede ser muy mal interpretado ahora.

Todo apunta a que la Fiscalía se va a alinear con la Abogacía del Estado, es decir, va a defender la actuación de Marlaska a la hora de cesar o poner a su personal de confianza sin mayores explicaciones que la falta de confianza, si bien puede dejar la puerta abierta a en algún punto a delimitar su posible responsabilidad penal. El exabogado del Estado y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, llegó a advertir a Grande-Marlaska en el Congreso esta semana que, “prácticamente, es usted ya un investigado”, algo que aunque fuera un recurso dialéctico de cara a la galería, dice mucho cuando viene de alguien que dejó su puesto por las presiones que recibió desde el Gobierno en el juicio del Procés. “Si esto llega al Supremo y Bal sigue con sus críticas, sería bonito verle de nuevo junto a Marchena en el Supremo”, comenta con ironía otro experto constitucionalista conocedor del proceso.

La tercera de las versiones de Interior, tras la falta de confianza y la remodelación de la cúpula de la Guardia Civil, es la de la teoría de la filtración, un recurso conocido entre los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE). Desde el Ministerio se ha abierto una investigación para ver quién y como filtró el informe que acusaba al Gobierno de gestionar de forma irregular la crisis del virus ante el 8-M, “pero abrir ahora una investigación sobre un cese que se produjo hace una semana sirve de poco para salvar la imagen del ministro y justificar su acción”, asegura un alto mando de las FSE que ya ha pasado por casos similares.

De los Cobos luchará hasta el final

El coronel cesado, Diego Pérez de los Cobos, ha trasmitido ya a sus más allegados que está dispuesto a luchar en los tribunales hasta donde sea necesario para reponer la injusticia que se ha producido sobre su persona. De nuevo, el escrito de la directora general y superior suya, que justificaba el cese en su falta de colaboración, va a pesar mucho, dado que se puede interpretar como la intención de que el alto mando obedeciera a una orden que era ilegal, algo que está prohibido por ley y sobre lo que hay incluso jurisprudencia del Supremo que puede beneficiar a De los Cobos. 

«Si demanda, gana», aseguran todos los juristas consultados. Desde el ámbito judicial se advierte, además, que si el coronel pidiese en su demanda una medida cautelar para que le repusieran en su puesto mientras dure el proceso, podría volver sin que el Ministerio tuviera opciones de cesarle hasta el final. 

El caso es que si en un proceso (administrativo o penal), un juez da la razón a Pérez de los Cobos en su causa particular, la credibilidad del ministro del Interior también se vería muy trastocada, máxime si se ve envuelto en algún tipo de querella de forma paralela. No hay que olvidar que el prestigioso mando de la Guardia Civil cuenta, si es necesario, con que gran parte de los altos mandos dimitidos o cesados junto a él declaren en la vista, algo que podría revelar mucha información sobre el transcurso de los hechos. 

 

Fuente: Fernando Pastor – La Información

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