Un estado clientelar

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«Las puertas giratorias son una forma de corrupción, como aseguró Pablo Iglesias»

Las puertas giratorias no son en España una excepción sino una práctica generalizada. Alrededor de la tercera parte de los exministros en edad laboral están hoy colocados en consejos de administración, muchos de ellos, relacionados con su actividad pública.

En Francia el Código Penal tipifica como delito las puertas giratorias si se trafica con la influencia. En nuestro país, existe una absoluta impunidad para estas conductas, que los partidos consideran como normales y justificadas.

En ese sentido, el Gobierno acaba de proponer a los exministros José Montilla y José Blanco como consejeros de Enagas sin ningún rubor. Pablo Iglesias ha colocado a Cristóbal Gallego, que no es un caso de puertas giratorias, pero que causa perplejidad porque este profesor firmó hace dos años un manifiesto para acabar con el gas.

Sánchez e Iglesias se comprometieron a regular esta mala práctica, pero al llegar al poder se olvidaron de sus buenos propósitos. La lista de ex altos cargos socialistas que han pasado a consejos del sector público empresarial es enorme, superior al centenar de casos en los últimos diez años. Del PP se puede decir lo mismo.

Las puertas giratorias no sólo atentan contra los principios de mérito, solvencia profesional y neutralidad de las Administraciones Públicas. Suponen un claro perjuicio para las arcas del Estado al colocar a personas incompetentes al frente de empresas que muchas veces son esenciales para la economía española.

Pero lo peor es que el enchufe, digámoslo en expresión castiza tradicional, supone una deslegitimación de las instituciones y de un Estado convertido en agencia de colocación y tráfico de influencias. Nada más desalentador que constatar el nombramiento de gestores sin experiencia ni cualificación sin la menor transparencia y sin ajustarse a ningún mecanismo objetivo de selección.

Las puertas giratorias son una forma de corrupción, como aseguró Pablo Iglesias, porque implican una utilización parasitaria de los recursos públicos, que son expoliados por los partidos para buscar una ocupación a dirigentes amortizados y devolver favores.

Hay que ser muy sectario para negar que todos los partidos que han gobernado desde la Transición han incurrido en estos comportamientos. En el franquismo, los generales, las viudas de los caídos y los afectos al régimen gozaban de privilegios para ganarse la vida. Esa mentalidad sigue presente en los actuales gobernantes, que se consideran legitimados para explotar el poder en su beneficio y utilizar el Estado como una vaca a la que se ordeña, como un botín a repartir entre sus fieles.

No es exagerado decir que los partidos han edificado un sistema clientelar, construido sobre una red de relaciones basada en una mutualización de la lealtad política. El sistema decimonónico de alternancia en el poder, característico de la Restauración, ha evolucionado a formas más sofisticadas que encubren las mismas prácticas de nepotismo y abuso. Y no sólo no hay ninguna voluntad de cambio sino que además las cosas van a peor.

Fuente: Pedro García Cuartango – ABC

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