Malas noticias para Pedro y pésimas para Pablo

Malas noticias para Pedro y pésimas para Pablo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (d), durante el último pleno del Congreso. (EFE)

El Gobierno no controla la comunidad más poblada (Andalucía), ni la más extensa (Castilla y León), ni la más conflictiva (Cataluña), ni la más apoderada (País Vasco), ni la más rica (Madrid).

El presidente del Gobierno ha podido comprobar en sus conferencias telemáticas con los máximos responsables autonómicos durante el estado de alarma que una de las debilidades de la coalición es la escasa cuota de poder territorial —autonómico y municipal— que acumulan el PSOE y Unidas Podemos.

En las elecciones locales y autonómicas de abril del pasado año, los resultados socialistas fueron muy discretos, y malos los del partido morado. Esa fue una de las variables que Pedro Sánchez tuvo en cuenta, hasta el trastazo del 10-N, para descartar una coalición con Pablo Iglesias que, además de no proporcionarle la mayoría absoluta en el Congreso, tampoco le reportaba gobiernos autonómicos.

Esta debilidad autonómica del Ejecutivo ha marcado la gestión gubernamental durante el estado de alarma, hasta el punto de que han sido las comunidades, tanto o más que la oposición, las que han dificultado el mandato de la autoridad única. El Gobierno no controla la comunidad más poblada (Andalucía), ni la más extensa (Castilla y León), ni la más conflictiva (Cataluña), ni la más apoderada (País Vasco), ni la más rica en términos de aportación al PIB y en proyección general (Madrid). Esta circunstancia constituye un hándicap para el bipartito, más aún cuando sus apoyos parlamentarios son vascos y catalanes (PNV, EH Bildu y ERC), socios que tienden a crecer electoralmente aumentando así su capacidad de presión sobre la Moncloa.

Esta situación no va a cambiar en las tres elecciones autonómicas de este año: País Vasco y Galicia las celebrarán el 12 de julio, y Cataluña, seguramente, en el otoño-invierno. Más aún, las noticias para el PSOE en las tres comunidades (PSE, PSdeG, PSC) son malas. En el País Vasco, según la encuesta de Metroscopia del pasado viernes, los socialistas mejorarían en un escaño (de nueve a 10); en Galicia, según Gad3 (diario ‘ABC’ de este lunes), subirían pero la rotunda victoria del PP (42-43 escaños, mayoría absoluta holgada) haría irrelevante el incremento, y en Cataluña, aunque también es esperable una ligera mejoría del partido de Iceta, las tres formaciones independentistas (ERC, JxCAT y CUP) lograrían de nuevo la mayoría de gobierno, quizá con un nuevo actor en el ámbito nacionalista: el Partido Nacionalista de Catalunya, de Marta Pascal.

El PSOE, con sus marcas autonómicas, no tiene mayores posibilidades que mantener la coalición con el PNV en Euskadi y especular —si dan los números— con un tripartito en Barcelona: ERC, PSC y los comunes, hipótesis improbable pero verosímil. Pero aun así, sin las comunidades más importantes, Pedro Sánchez no habrá mejorado la debilidad de su poder territorial actual. Así —y sin mayoría parlamentaria más allá de la volátil de la investidura—, gobernar es todavía más complicado y, a lo que se ve, engorda a los aliados de ocasión y sangra a los partidos gubernamentales.

Si malas son las noticias demoscópicas en las tres nacionalidades históricas para el presidente del Gobierno, para Pablo Iglesias son pésimas. En el País Vasco, su partido, según Metroscopia, pasaría de sus actuales 11 escaños a siete, y en Galicia, según Gad3, de 14 escaños (resultado obtenido en las anteriores elecciones cuando comparecieron juntos con el nacionalismo galaico), se quedaría en 2-4 escaños. Y en Cataluña, los datos de la franquicia de Podemos no son halagüeños. Conclusión: este tiempo de gobierno en coalición no ha mejorado las expectativas de ninguno de los dos partidos que la integran.

La mentalidad cantonalista que se ha instalado en España —Cantabria, Canarias, Navarra, Teruel, Valencia, Asturias, además de Cataluña, País Vasco y Galicia, tienen representación local en el Congreso— ha convertido la política nacional en un mercado de transacciones ininteligibles e incoherentes. Las prórrogas del estado de alarma han consistido en espectáculos nada edificantes en que el Gobierno ha tenido que ‘comprar’ votos en transacciones que nada tenían que ver con la crisis sanitaria: el pacto con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral de 2012; la mesa de diálogo con ERC; la gestión del IMV con el PNV, e incluso los pases de fases con criterios que, en su momento, enfadaron a los socialistas valencianos y a su socio, Compromís.

Este Gobierno está en la resistencia, ofrece de continuo sensación de precariedad, parece condenado a avanzar a base de concesiones excéntricas a los temas de debate y se le descontrolan, tanto porque la propia coalición carece de mínima cohesión como porque sus socios parlamentarios (nacionalistas vascos en sus dos versiones y republicanos catalanes) no están vinculados en un proyecto común de legislatura con una panorámica nacional, sino que miran por sus intereses territoriales explotando la debilidad del Ejecutivo.

España se cogobierna de hecho como un Estado federal (ausente la lealtad que requiere este modelo de Estado) sin serlo formalmente, y el estado de alarma lo está subrayando. Ya no se gobierna solo desde la Moncloa sino también desde las capitales de las principales comunidades autónomas, en las que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias disponen de mando en plaza. Y si este dato es irrefutable, más lo será el 13 de julio y después de que en Cataluña se celebren nuevas elecciones. Y la debilidad del Ejecutivo —vista y comprobada, y que este miércoles se reiterará en el Congreso— procura una desconfianza que se está generalizando hacia las posibilidades de eficacia del actual Consejo de Ministros. El futuro ahondará esa fragilidad hasta extremos que quizás ahora no podamos imaginar.

 

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