La Guardia Civil dio a la juez datos que le ocultó el delegado del Gobierno en Madrid

La Guardia Civil dio a la juez datos que le ocultó el delegado del Gobierno en Madrid
José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE madrileño EFE
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En Madrid se habrían desconvocado hasta 21 manifestaciones en marzo, según trasladó la Policía Judicial a la magistrada remitiéndose a un oficio del departamento de José Manuel Franco / El dirigente socialista, investigado por prevaricación.

La Guardia Civil comunicó a la juez que investiga la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, junto a otras 76 concentraciones autorizadas, que la Delegación del Gobierno de Madrid había prohibido otras reuniones masivas que iban a desarrollarse entre los días 5 y 14 de marzo.

La Delegación del Gobierno defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que no recibió advertencias de ninguna autoridad sanitaria sobre la peligrosidad de contagio por la covid-19 hasta el 14 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de contener la propagación del virus y evitar el colapso de los servicios sanitarios.

Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, fue quien contestó en un escrito tras solicitar la instructora que se le informara de los primeros avisos recibidos. «No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19», detalló.

Sin embargo, según informó a la magistrada la comisión de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial en esta investigación, existe un oficio de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Madrid -fechado el pasado 20 de abril- en el que se detalla la desconvocatoria de hasta 21 manifestaciones y concentraciones, unas a iniciativa suya y otras a iniciativa de los manifestantes, que deberían haberse celebrado entre el 5 y el 14 de marzo.

¿Por qué no se dejaron las órdenes por escrito?

Esta información, que el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco no ofreció a la juez Rodríguez-Medel, sí ha sido proporcionada por los investigadores de la Guardia Civil. En una providencia dictada este lunes, en la que cita a declarar a Franco como imputado por presunto delito de prevaricación administrativa el próximo 5 de junio, Medel pide a Fernando Talavera que remita a la Guardia Civil -antes del 1 de junio- «ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y el cauce por el que se hicieron».

Precisamente el «cauce» por el que se hicieron estas peticiones para desconvocar manifestaciones por parte de la Delegación del Gobierno es relevante para la investigación dado que, según informó también la Guardia Civil a la instructora, el departamento encabezado por Franco dispone de un soporte informático denominado ‘Gestión de concentraciones y manifestaciones’ donde “todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos», o así debería haber sido.

En Madrid se anularon 21 manifestaciones en marzo, según informó la Policía Judicial a la juez remitiéndose a un oficio del departamento a cuyo frente se halla Franco

De ahí que la juez también pida al secretario general de la Delegación del Gobierno -al que ha citado a declarar el próximo 5 de junio como testigo- que envíe documentación «que evidencie que se dejó constancia en el expediente administrativo (de las manifestaciones desconvocadas) y que avalen la afirmación de que todo queda registrado y archivado». Y, en caso de que así no fuera, que exponga qué razones hubo para no hacerlo.

 

La instructora pidió al inicio de la investigación al coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Policía Judicial de Madrid en su calidad de jefe de la Comandancia, «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez».

El pasado domingo, según ha podido saber El Independiente, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución por «pérdida de confianza». El desencadenante habría sido la negativa de éste a facilitar información sobre las diligencias practicadas por los agentes en esta causa en la que figura el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como denunciado.

Un portavoz del Ministerio del Interior confirmó a este diario la destitución de Diego Pérez de los Cobos alegando «pérdida de confianza» por parte del ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, si bien no precisó los motivos. El portavoz reconoció la llamada de Gámez, pero negó que se hubiera pedido al coronel información acerca de la instrucción judicial.

La destitución de Pérez de los Cobos generó ayer una tormenta y desató las críticas tanto de los grupos de la oposición como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que exigen a Interior que aclare los motivos que le han llevado a prescindir de este este veterano mando. Si Pérez de los Cobos hubiera accedido a facilitar la información que se le solicitó habría obstruido la labor de la Justicia.

La juez insiste en requerir información

La explicación que la Delegación del Gobierno dio sobre la falta de avisos sanitarios del coronavirus no convence a la juez Rodríguez-Medel, que pide más información. En su providencia de este lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid solicita al departamento dirigido por Franco que informe de todas las decisiones acerca de prohibir manifestaciones que tomara, así como que remita una relación de las concentraciones que estuvieran pendientes de celebración para marzo.

También se dirige a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad para preguntar si la Delegación del Gobierno recibió un informe del departamento que dirige Salvador Illa del 3 de marzo «sobre recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19»; un informe del 6 de marzo de la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, sobre «la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19» o «cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio».

La juez también solicita más información a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre los detalles de la publicación en su web el 6 de marzo de las medidas contra la covid-19 que, según otro oficio de la Policía Judicial remitido a la magistrada Rodríguez-Medel, sí habría recibido la Delegación del Gobierno.

El día que Franco está citado como investigado por la instructora también acudirán a declarar como testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

Fuente: Carmen Lucas-Torres/Antonio Salvador – El Independiente

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