La teoría de las ‘cloacas’ de Pablo Iglesias se desmorona

La teoría de las ‘cloacas’ de Pablo Iglesias se desmorona
Pablo Iglesias, en el Congreso. EFE
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La Fiscalía Anticorrupción pide retirar la condición de perjudicado al vicepresidente y secretario general de Podemos en la investigación de la Audiencia Nacional tras declarar de nuevo su exasesora, Dina Bousselham, sobre el robo de su móvil.

La teoría de que el robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Bousselham a finales de 2015 y la posterior publicación en prensa de mensajes privados de Podemos que se encontraban en su interior se encuadró en una trama de las «cloacas policiales» dependientes del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a dicho partido en el momento que las encuestas le situaban como segunda fuerza política, pierde fuerza.

Esa fue la explicación que Iglesias dio al juez Manuel García-Castellón cuando fue a declarar como testigo en la denominada pieza Dina, una de las ramas en las que se ha desgajado la macrocausa abierta en la Audiencia Nacional con el comisario en prisión José Manuel Villarejo como principal investigado. En esta pieza -bajo secreto cuando Iglesias fue a declarar como testigo y se le ofreció figurar como perjudicado- el juez investiga por qué Villarejo tenía en su casa la tarjeta del móvil de Bousselham que le fue robado en un centro comercial en 2016. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que el comisario pudo estar detrás del robo y la filtración a prensa de mensajes del móvil de Bousselham que afectaban a Podemos para desestabilizarlo.

Durante su declaración en sede judicial, el secretario general de Podemos encuadró tal episodio en una supuesta estrategia del ministerio de Jorge Fernández Díaz en la que habrían participado policías de su confianza, las denominadas «cloacas policiales», quienes también habrían filtrado y publicado del falso informe policial PISA [acrónimo de Pablo Iglesias SA] donde se hablaba de sociedades mercantiles suyas y de una supuesta cuenta abierta en el paraíso fiscal de Granadinas donde habría cobrado dinero del Gobierno de Venezuela.

Los protagonistas de dichas «cloacas policiales», altos cargos de la Policía Nacional ahora investigados en la Audiencia Nacional, también habrían estado al servicio del Gobierno de Rajoy para recuperar supuestamente mensajes que comprometían al Partido Popular en manos de su extesorero Luis Bárcenas, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción y se investiga en la denominada pieza Kitchen del caso Villarejo, ésta todavía bajo secreto de sumario.

El instructor agradeció su testimonio

Iglesias se presentó ante el juez como víctima de ese grupo «parapolicial» que buscaba desestabilizar a su partido presuntamente por orden del Gobierno de Rajoy.

El juez agradeció su explicación e incluso le dijo que «efectivamente en el procedimiento que aquí se sigue, que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones del Ministerio de Interior muy serias, la investigación es muy amplia», se pudo oír en el audio de la declaración del secretario general de Podemos que publicó El Independiente.

Giro de la Fiscalía

Ahora, en un giro inesperado, la Fiscalía Anticorrupción que apuntaba en sus escritos en la misma dirección que Iglesias contra las «cloacas policiales» como muñidoras de un plan contra Podemos, pide al juez retirarle la condición de perjudicado en dicha pieza, según avanzó este viernes El Mundo y confirman a este diario fuentes jurídicas.

Lo hace después de que la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, sembrara dudas sobre la versión del robo de su teléfono y la publicación de los mensajes que éste contenía en prensa en una nueva declaración en la Audiencia Nacional la semana pasada.

Durante ésta, reconoció que en julio de 2016, cuando fue a ampliar la denuncia del robo de su móvil porque mensajes del interior de éste se publicaron en Okdiario, no contó a la Policía que Pablo Iglesias ya le había entregado la tarjeta SIM del móvil que a su vez a él le entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tras llegar un anónimo a la revista Interviú con este contenido e indicarle que no publicaría nada al respecto.

Iglesias, por cierto, tardó casi seis meses en devolver la tarjeta a Bousselham y cuando lo hizo, estaba destrozada. Ella no pudo ver su contenido. La exasesora de Podemos, que sí continúa como perjudicada en la causa, tampoco contó que había recuperado la tarjeta cuando volvió a declarar en 2018 ante los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional una vez abierta la investigación en la Audiencia Nacional. Un hecho que el instructor incluso le reprochó la semana pasada durante su declaración.

Además, Bousselham también reconoció que ella misma envió a «otros políticos de Podemos» y personas de su círculo pantallazos de su móvil con mensajes de conversaciones de miembros de Podemos. Precisamente esos pantallazos, como el que mostraba las burlas del partido hacia Pablo Echenique o en el que Iglesias hizo un comentario machista hacia una periodista de TVE, acabaron publicados en Okdiario.

Durante su declaración, Iglesias dijo al juez que no le extrañó ver esos mensajes publicados en julio de 2016 en ese medio al que Podemos (acusación del caso Tándem) se empeña en relacionar con la presunta organización criminal de Villarejo, solicitando la imputación de su director y redactores, igual que periodistas de otros medios.

Periodistas de Interviú piden el archivo

En dicha pieza de investigación, además del comisario Villarejo continúan como investigados por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos el exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas y el ex subdirector, Luis Rendueles, que ya han solicitado el sobreseimiento.

El juez les investiga, a petición de la Fiscalía, después de que Villarejo declarara que fueron ellos quienes le entregaron un dispositivo electrónico con el contenido del móvil de Dina Bousselham encontrado en su domicilio.

Éstos defienden que así lo hicieron en respuesta a defienden que así lo hicieron en respuesta a un «requerimiento policial» que realizó Villarejo, entonces en activo del Cuerpo Nacional de Policía, igual que entregaban información a la Guardia Civil o la Policía Nacional si éstas lo pedían. De ahí que nieguen el presunto delito que se les atribuye.

Fuente: Carmen Lucas-Torres – El Independiente

 

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