Rebelión empresarial contra el Gobierno por la caótica gestión de la desescalada

Rebelión empresarial contra el Gobierno por la caótica gestión de la desescalada
Reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

Las medidas del Ejecutivo para la primera semana de reapertura económica tras dos meses de confinamiento han escamado a diversos sectores y está generando malestar en varios ministerios.

Se cumple una semana de desescalada económica en España por la crisis del coronavirus. La mayoría de la población ha podido iniciar el proceso que ha de llevar al país a esa nueva normalidad tras más de dos meses de duro confinamiento que ha dejado miles de muertos (27.500 contabilizados) y una crisis económica como no se recuerda desde la Guerra Civil de 1936.

En la primera semana de tránsito hacia la vuelta a la normalidad diversos sectores que componen un alto porcentaje del PIB en España han cargado contra el Gobierno por las medidas que ha puesto en marcha vía BOE en los últimos siete días.

Las distintas asociaciones que representan al comercio, al turismo a la hostelería, al transporte o la automoción han cargado públicamente contra el Ejecutivo por las normas que han implementado esta semana, como la prohibición en las rebajas o la cuarentena obligatoria para entrar en España. Pero las quejas, aunque mucho menos visibilizadas, son transversales en las modificaciones que se han introducido para los ERTE, pese a haberse vendido el acuerdo como un éxito.

Indignación por la letra pequeña de los ERTE

Ni siquiera el nuevo real decreto de medidas sociales en defensa del empleo, que abre la puerta a prorrogar los ERTE y flexibilizar las condiciones para poder despedir cuando estos concluyan, ha servido para calmar los ánimos empresariales. Al contrario, ahora las compañías miran con estupor como la nueva norma exige devolver todas las ayudas y bonificaciones recibidas por toda la plantilla con un único despido, en vez de ceñirse a las de los puestos recortados.

En su primera versión, la disposición adicional sexta exponía de manera genérica el compromiso de mantenimiento del empleo, al ceñirse a que «las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE)

Ahora, en cambio, se ha detallado que «este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes», algo que, según denuncian desde el despacho laboralista Roca-Doménech, supone romper con la práctica habitual.

«En todas las crisis, los Gobierno han dado ayudas y bonificaciones para mantener el empleo y, si incumplías, debías devolver, y con recargo, las recibidas por el trabajador despedido. Pero ahora, dicho compromiso se entiende incumplido por el despido de uno sólo de los trabajadores afectados por el ERTE», explica Tomás Roca, socio del bufete.

Según las fuentes consultadas, la nueva redacción de la norma, además de volver a generar inseguridad jurídica, abre la puerta a todo tipo de casuísticas cuyo resultado final sería directamente el contrario al inicialmente perseguido.

La nueva redacción de la norma, además de volver a generar inseguridad jurídica, abre la puerta a todo tipo de casuísticas

Por ejemplo, una cadena de moda con una plantilla de 500 personas entre personal de tienda y administrativo, que durante el estado de alarma haya decidido cerrar definitivamente dos establecimientos porque su alquiler es más caro que los ingresos, no puede despedir a los diez empleados de esos centros de producción, salvo que devuelva todas las bonificaciones.

Ante este escenario, podría llegar a darse la circunstancia de que la compañía, al no poder recortar estos puestos, termine optando por despedir a trabajadores que han estado trabajando durante la pandemia y no fueron incluidos en el ERTE, porque podían teletrabajar o estaban en el canal online. O que plantearan el concurso como única opción para romper el corsé de la norma, pero enfrentándose a una inspección que podría echárselo para atrás.

Las compañías, no obstante, todavía están pendientes de que el Ejecutivo, que ha puesto en marcha una mesa de negociación con patronal y sindicatos al efecto, detalle qué sectores sí podrán ajustar plantillas a pesar de haberse acogido a ERTE y bajo qué condiciones. Una esperanza que, critican, sigue la dinámica vista desde el principio de falta de certezas, falta de seguridad, y cambios constantes que consideran parches.

Airadas quejas por los devaneos con las rebajas

El comercio salió en tromba durante la primera semana que han podido abrir sus negocios. Improvisación, falta de claridad, opacidad y otras quejas sobre la posibilidad de hacer rebajas. Este martes, una disposición adicional de una Orden del Ministerio de Sanidad señalaba que las rebajas en las tiendas físicas estaban prohibidas, lo que provocaba una ola de críticas de las diversas patronales del sector ansiosas por empezar a ingresar después de meses sin un euro de caja y poder deshacerse así de todo el stock acumulado en la fase de confinamiento.

Las quejas procedentes de asociaciones como AcotexAnged o la CEC provocaban que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo enviara una nota interpretativa en la que aseguraban que lo que se prohibía no eran los descuentos de precios sino las aglomeraciones. No obstante, por la tarde el ministro de Sanidad enmendaba a sus compañeros de Gobierno y zanjaba que las rebajas solo podrían hacerse en el canal ‘online’, desacreditando así al departamento dirigido por Reyes Maroto.

«No salimos de nuestro asombro ante la prohibición de las rebajas. Es indignante que no se haya consultado ni dialogado ni informado al el sector de una medida de esta envergadura. El daño que produciría a todo el comercio es terrible. Sería una auténtica barbaridad», señalaba la patronal textil Acotex, quien remarcaba que la medida del Gobierno de Sánchez estaba poniendo en peligro 200.000 empleos.

A las protestas anteriores se sumó la Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte InglésCarrefour o Ikea y no ha sido la única. Posteriormente la Confederación Española de Comercio (CEC) criticó las «contradicciones» en el Gobierno acerca de la prohibición de las rebajas, que calificó de «despropósito» y ha solicitado una «rectificación inmediata» porque ello conlleva una «grave inseguridad jurídica» para el sector.

El turismo y la aviación, contra la cuarentena

El vicepresidente ejecutivo de la patronal más grande del sector turístico Exceltur, José Luis Zoreda, manifestó este marte su perplejidad y desconcierto ante el anuncio de que mientras dure el estado de alarma, los turistas extranjeros deberán someterse a partir del 15 de mayo a una cuarentena de 14 días. Las consecuencias ya se han sentido: fuentes del sector de aerolíneas aseguran que este viernes, primer día en vigor de la medida, el tráfico de pasajeros con otros países de Europa se ha caído un 95%.

En declaraciones a Efe, Zoreda explicaba que la orden del Ministerio de Sanidad les pilló por sorpresa, y aseguraba que esa era la prueba de que en la agenda de decisiones estratégicas del Gobierno el turismo «no se ha tenido en cuenta», destaca. Las consecuencias no sólo han generado malestar en las empresas, sino también en parte del Ejecutivo.

Fuentes del sector de aerolíneas aseguran que este viernes, primer día de la medida, el tráfico de pasajeros con otros países de Europa ha caído 95%

Fuentes al tanto de la situación aseguran que la medida ha generado malestar en ministerios como Industria o Exteriores, que llevan semanas trabajando con dichos sectores para preparar la desescalada y ven cómo las medidas impuestas desde Moncloa y sin previo aviso dan al traste con todo su trabajo. Y todo ello genera aún más tensión después de que Bruselas se pronunciara en contra de las cuarentenas como la establecida por España sólo un día después de la decisión del Ministerio del Interior.

Por si esto fuera poco, la puntilla se la ha dado también durante la última semana el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ponía de ejemplo el bajo valor añadido, la precariedad y la estacionalidad del turismo como ejemplo de la debilidad de España para afrontar una crisis así.

La reacción no se hizo esperar: la Mesa del Turismo exigió la rectificación «inmediata» o la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

La asociación, que reúne a una cincuentena de relevantes empresarios y profesionales del sector turístico, lamentó que «un ministro de España se pronuncie con tanto desprecio» sobre el turismo español, que lidera el ‘ranking’ mundial de competitividad turística, según el Foro Económico Mundial.

«Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo de su relevancia demuestre semejante ignorancia y desconocimiento sobre el sector turístico español, puntero a nivel internacional y reconocida referencia del I+D aplicado a su ámbito», ha señalado el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas. Horas después, el ministro de Sanidad aseguraba que las medidas de cuarentena eran necesarias por razones de salud pero ponía en valor al sector turístico español.

La hostelería carga contra la opaca desescalada

Esta semana también era clave por la vuelta a la actividad de parte de la hostelería, que ha generado polémica vistas algunas imágenes de aglomeraciones en el primer día de apertura de las terrazas. No obstante, muchos hosteleros se han quejado de la falta de tiempo para organizarse y saber si podrán abrir y en qué condiciones.

En un comunicado conjunto, Hostelería de España, la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) destacaron este martes la gravedad de la crisis que ha supuesto para diferentes sectores el cierre de bares y restaurantes durante los dos últimos meses.

Por ello, exigen al Ejecutivo que haga públicos «los criterios e indicadores que se utilizan para entrar en las diferentes fases del proceso de desescalada del confinamiento actualmente vigente», con el propósito de que los empresarios puedan «planificar» la reapertura «con anticipación suficiente». Las patronales apoyaron la decisión de reabrir de forma «asimétrica por territorios», aunque han insistido en que necesitan mayor transparencia.

La polémica se desataba por el paso a la fase 1 de unos territorios sobre otros, lo que provocada airadas críticas no solo de los empresarios sino también de barones territoriales como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), o su homólogo la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), donde parte de su territorio se quedó en fase 0. Llegaron a acusar de trato de favor al Gobierno de territorios como el País Vasco, gobernado por el PNV, socio parlamentario del Gobierno que pasó en bloque de fase en la desescalada aunque luego restringiera algunos movimientos de este escenario por entender que no se encontraban preparados, como las reuniones familiares.

«Es necesario que dispongamos de un cuadro de mando serio, objetivo y con anticipación suficiente para la toma de decisiones empresariales de gran trascendencia», ha defendido el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Para los empresarios «no hay nada peor que la incertidumbre», por lo que necesitamos saber con antelación los criterios a aplicar para que las compañías puedan «programarse», ha recalcado el director general de Aecoc, José María Bonmatí.

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha instado al Ejecutivo a operar con la «máxima» claridad, pues tanto los propietarios de los locales como los trabajadores «necesitan conocer cómo y cuándo van a poder reabrir sus puertas al público».

La automoción asegura que Ribera «no ayuda»

Las polémicas semanales no han terminado ahí. La poderosa patronal de los fabricantes de automóviles Anfac señalaba que fomentar en la salida de esta crisis la bici, eliminar carriles y peatonalizar calles no es lo que más ayude a un sector que ha visto cómo sus ventas se hundían en abril más del 97%.

Mientras el Ministerio de Industria abogaba por la renovación del parque y el coche particular como medida de seguridad frente al transporte público, como medida que contribuye a evitar contagios y a reactivar la automoción, Teresa Ribera se desmarcaba con otras opciones mucho más enfocadas desde el punto de vista medioambientalistas en el medio y largo plazo que atendiendo a la extrema urgencia económica que vive esta parte de la industria que genera el 12% del PIB en España.

«Tenemos que dar a las multinacionales signos de que España es ‘friendly’ con el automóvil», dijo el presidente de Anfac y de Renault España, José Vicente de los Mozos. «Declaraciones como que hay que fomentar la bicicleta o reducir el número de coches para aumentar las aceras no ayudan a ser automóvil ‘friendly'», concluyó. Ahora el escollo es cómo activar un plan de ayudas a la compra de vehículos. De nuevo, Industria y el propio sector piden que se haga extensivo a todas las motorizaciones, pero ahí la última palabra la tendrá la vicepresidenta Cuarta para la Transición Ecológica, que por ahora solo se ha comprometido a que estas ayudas fomenten la movilidad sostenible. Se habla de 400 millones para animar la compra de automóviles, pero todo está aún por definir.

En cualquier caso, este mismo viernes la automoción ha recibido una noticia muy esperada: la ley de Cambio Climático, que previsiblemente se llevará a Consejo de Ministros este martes, finalmente no incluirá prohibiciones a la venta y circulación de vehículos de combustión más allá de 2040. Esta es una reclamación del sector que viene de lejos. El anteproyecto de ley definitivo sólo asegura que habrán de ser neutros en carbono para 2050, pero se podrá lograr esa neutralidad a base de compensaciones de CO2, lo que permitiría vehículos de combustión dentro de 30 años, según adelantaba este viernes la Cadena Ser.

Una medida que puede aliviar la situación. El inicio de la desescalada ha generado un fuerte desgaste político para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuente: Juan Cruz Peña/Ruth Ugalde – El Confidencial

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