Hacienda explora usar los 30.000 M de la hucha de los Ayuntamientos para el covid

Hacienda explora usar los 30.000 M de la hucha de los Ayuntamientos para el covid
La ministra portavoz y de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero. (EFE)
La FEMP advierte de que el dinero, 30.000 millones, debe ser gestionado por los ayuntamientos y se muestra dispuesta a financiar competencias como la dependencia.

Los ayuntamientos españoles arrojaron en 2019 un superávit de 3.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros cerca de 28.000 millones de euros en remanentes positivos con el superávit, de los que solo se permite usar a los ayuntamientos, de momento, 10.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda asegura que «no hay nada decidido» sobre qué va a pasar con este dinero, un fondo muy importante en un momento en el que habrá graves problemas de liquidez. La pugna está abierta y de momento lo único claro es que ese dinero no puede estar ocioso. No está decidido si lo gastarán y gestionarán los ayuntamientos y hay propuestas alternativas: un fondo para las comunidades autónomas o un depósito en el Banco de España para que el Estado pueda disponer de ese dinero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Los alcaldes se empezaron a mover semanas atrás para reclamar poder usar ese dinero, una petición que ya hacían antes del estallido de la pandemia. Las comunidades habían empezado también a moverse para pedir al Ministerio de Hacienda que usara ese dinero para inyectar liquidez en las arcas autonómicas. Ha existido una segunda reunión de la ejecutiva de la FEMP con varios ministros y los ayuntamientos han empezado a debatir cómo y en qué quieren gastar ese dinero para la reconstrucción del país tras el covid. Hay un compromiso de que los encuentros se repitan con carácter quincenal.

Pedro Sánchez con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. (EFE)
Pedro Sánchez con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. (EFE)

La sorpresa saltó esta semana pasada con una carta que el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla)Francisco Toscano, envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que no ha recibido aún respuesta. Toscano, muy cercano a Pedro Sánchez, uno de sus grandes aliados en Andalucía y presidente del Comité Federal del PSOE, planteaba en esa misiva que parte de ese remanente de los ayuntamientos salga de las entidades privadas y se deposite en el Banco de España para emitir bonos para el Estado o abrir un fondo de carácter estatal.

¿Globo sonda?

Los alcaldes del PP temen que se trate de un globo sonda lanzado por Toscano con el beneplácito del presidente del Gobierno para que ese dinero acabe finalmente en manos del Estado. «Es una propuesta de tintes confiscatorios y demasiado parecida a una banca pública. Es demasiado complicado. Si este Gobierno está pensando en incautar el dinero de los ayuntamientos nos opondremos porque es inconstitucional y vulnera la autonomía local«, advierte el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), que es vicepresidente de la FEMP.

Hasta ahora, explica García Urbano, hay unanimidad dentro de la federación de municipios sobre que ese dinero debe quedar en manos de los ayuntamientos. «Ni en Andalucía ni el resto de España esa (de Toscano) es la opinión mayoritaria ni muchísimo menos. Nadie pone el más mínimo reparo a que el dinero de los ayuntamientos conseguido por el ahorro de sus vecinos o por el ahorro y la ortodoxia de los gestores municipales debe ser gestionado por los ayuntamientos. No pedimos quedárnoslo de manera insolidaria sino utilizarlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos», señala García Urbano, que subraya el consenso hasta ahora de todos los partidos sobre esta idea.

Financiar la dependencia

Sí que estarían dispuestos los alcaldes a asumir la financiación de competencias que hasta ahora estaban en otras administraciones. Hay comunidades que han abierto el melón de la dependencia, que supuestamente se financiaba al 50% entre Estado y comunidades, pero que recae casi en un 80% en las arcas autonómicas. Los ayuntamientos se muestran dispuestos a asumir esas competencias. «Estamos dispuestos. Podríamos estudiarlo», señala García Urbano.

En lo que sí coinciden todas las voces consultadas es en que no tiene sentido tener ese dinero inmovilizado y ocioso en los bancos pagando intereses y comisiones. «Si se suman los 3.500 millones de superávit del año pasado, los 28.000 que tenemos de tesorería acumulado de los seis años anteriores y los 7.000 que tenemos de ejecución presupuestaria de 2020, que por la suspensión de la contratación pública no se está gastando, nos vamos a 40.000 millones de euros. Es una pena que el Estado esté acudiendo a una enorme deuda externa cuando tenemos recursos internos para movilizarlos», apunta el alcalde de Estepona. García Urbano, vicepresidente de la FEMP, pide que se resuelva esto cuanto antes y que se revoque también de forma urgente la prohibición de contratar a las administraciones recogida en el decreto del estado de alarma.

Paliar la deuda externa

El socialista Francisco Toscano se mueve también en esa línea. «Las autonomías en las reuniones con la ministra de Hacienda empiezan a plantear que no es justo que los ayuntamientos tengan fondos propios y ellos déficit. Piden que se atribuya el gasto de determinadas competencias que tienen las comunidades ahora o que se incauten los fondos de los ayuntamientos. Conociendo que eso está sucediendo, planteo que los ayuntamientos somos una pata del Estado y ante una hecatombe sanitaria y económica como la del covid, si pedimos solidaridad a Europa, es lógico que exista entre las distintas patas del Estado«, explicó a este periódico el regidor de Dos Hermanas. «Que no repercuta en los municipios», advierte, defensor también de que ese dinero no lo pierdan los ayuntamientos, «sino buscando una fórmula legal de depósito, de préstamo, que en lugar de estar ociosa en los bancos privados esté en un fondo público, garantizada y con retorno a los ayuntamientos».

Tras la crisis financiera de 2008 todavía los ayuntamientos están pagando préstamos sin intereses al Estado para devolver dinero que se les prestó o con el que se les ayudó a pagar proveedores. «Igual que el Estado nos ayudó, búsquese la fórmula, que puede ser un fondo o puede ser un depósito en una cuenta pública, en el Banco de España. No tiene sentido que el Estado tenga que acudir al mercado y pagar intereses cuando una parte del Estado sea al revés, tenga liquidez y tenga que pagar intereses. Es de sentido común», señala.

Impacto del covid

El Gobierno, de momento, lo único que ha dejado claro es que quiere movilizar una parte importante del superávit acumulado por los ayuntamientos españoles en la lucha contra el coronavirus. El Ejecutivo ya incorporó en el real decreto del pasado 17 de marzo de medidas económicas para paliar el impacto de la pandemia la posibilidad de que las entidades locales liberasen fondos para financiar y costear medidas vinculadas a servicios sociales de atención primaria y de atención a la dependencia. El pasado 1 de abril, el Consejo de Ministros dio un paso más al fijar en un 20% de su saldo bancario positivo, una vez atendidos pagos a proveedores y amortización de deuda, el importe máximo que podrá destinar a estas políticas. Son unos 10.000 millones y los ayuntamientos explican que es lo que hubiera ocurrido aún sin estar en un estado de alarma. Queda mucho más dinero inmovilizado.

De momento, el Ministerio de Hacienda se ha reservado la capacidad de supervisión y aprobación de los proyectos que pongan en marcha las entidades locales. Los ayuntamientos no podrán usar el dinero de forma discrecional.

Fuente: Isabel Morillo – El Confidencial

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