Familiares y docentes acusan al Gobierno de aprovechar la alarma para cerrar los colegios de educación especial

Familiares y docentes acusan al Gobierno de aprovechar la alarma para cerrar los colegios de educación especial
La ministra de Educación, Isabel Celaá. EFE
Denuncian que el Ejecutivo se está valiendo de la situación «dramática para miles de personas» provocada por el coronavirus para seguir tramitando esta reforma educativa «a espaldas de la mayoría de la sociedad».

La plataforma ‘Inclusiva sí, especial también’, formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, se ha movilizado estos últimos días a través de las redes sociales contra la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Hace una semana, el pasado domingo, publicaron un comunicado en el que rechazan la conocida como ‘ley Celaá’ porque consideran que «promueve la eliminación de los colegios de educación especial». Aluden a la disposición adicional cuarta de esta Ley sobre la «evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales».

«Quieren traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Esta decisión no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios», aseguran. 

Personas con discapacidad, familiares y profesores ya cargaron contra la intención de Celaá en una manifestación en Valladolid hace un año, en febrero de 2019. Ahora denuncian que el Ejecutivo se está valiendo de la situación «dramática para miles de personas» provocada por el coronavirus para seguir tramitando esta reforma educativa «a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto».

Respuesta del Gobierno

El Gobierno, dos días después de que la plataforma publicase y difundiese su comunicado, desmintió «rotundamente» que se vayan a cerrar centros de educación especial y reiteró su apoyo «al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados». «El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable», apuntaron desde la cartera que dirige Celaá en una nota de prensa.

Según aseguran desde Educación es «absolutamente falso» que se pretendan cerrar estos centros. Señalan que la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es desarrollar, en un plazo de diez años, un plan para que, «de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Además, en un argumentario del PSOE al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo defiende que este proyecto de ley «tiene más de un año de antigüedad y se registró antes de que comenzase el estado de alarma». «Estuvo parado como el resto de los proyectos de ley y se ha vuelto a activar, entre otras razones porque la oposición (sobre todo el PP) reclama pleno funcionamiento de la Cámara, lo que incluye trámites legislativos», indican.

«Reclamamos hechos, no palabras»

La plataforma ‘Inclusiva sí, especial también’ no tardó en responder a la nota de prensa y al argumentario. Señalan que la única manera de tranquilizar a las familias es, principalmente, eliminando la disposición adicional cuarta. «Durante un año nos han estado mareando y no han hecho nada. Reclamamos hechos, no palabras», exigen. Además, lamentan que el PSOE asegurase en el argumentario que las informaciones difundidas por la plataforma son un «bulo» y creen que se trata de una «torpe maniobra» para desprestigiar a la organización.

Al respecto, la Mesa del Congreso, tras la denuncia de patronales, sindicatos y familias de que se trataba de un intento del Gobierno de «acelerar» la tramitación de la LOMLOE aprovechando la crisis sanitaria, decidió el pasado martes ampliar el plazo para enmendar la ‘ley Celaá’ hasta el 6 de mayo. En principio finalizaba el miércoles 29 de abril.

Fuente: Clara García – Vozpópuli

 

 

Comparte esta página: