El Gobierno acumula 2.100 preguntas parlamentarias por responder sobre el coronavirus

El Gobierno acumula 2.100 preguntas parlamentarias por responder sobre el coronavirus
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el Congreso. EP
Diputados y senadores registran centenares de preguntas que el Ejecutivo debe responder por escrito en las próximas semanas acerca de su gestión de la crisis.
El Gobierno de Pedro Sánchez debe responder por escrito en las próximas semanas a una batería de 2.162 preguntas parlamentarias registradas por los grupos de la oposición durante los últimos meses tanto en el Congreso como en el Senado sobre su gestión del coronavirus. Al margen de que se hayan recuperado las sesiones de control de los miércoles en la Cámara Baja, el PPVoxCiudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes han dirigido desde enero al Ejecutivo 1.676 cuestiones, de las que de momento sólo ha dado respuesta a 41. Por su parte, en la Cámara Alta sólo ha contestado a 51 de las 578 presentadas en referencia expresa a la pandemia.

Si durante los primeros compases de la crisis la atención que los grupos prestaban al virus era muy moderada, el número de preguntas dirigidas a los diferentes departamentos ministeriales se multiplicó con  la activación del estado de alarma. Así se puede constatar en las páginas web del Congreso y el Senado. La Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- calificó el pasado martes 245 preguntas que contenían la palabra ‘covid-19’ o ‘coronavirus’. En la reunión del 30 de marzo se dio curso a otras 329 iniciativas, después de casi tres semanas en las que el Parlamento permaneció bajo mínimos.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió reducir a la mínima expresión los trabajos de la Cámara ante los contagios de parlamentarios y para evitar exponer a los trabajadores que desempeñan funciones en las dependencias de la Carrera de San Jerónimo. Una de las funciones de diputados y senadores es precisamente el control de la actividad del Gobierno, pero ante la ausencia de plenos y de una actividad ordinaria de las comisiones, los interrogantes se dispararon por la vía escrita.

Aunque la ley 4/1981 dice en el punto 4 del artículo primero que «la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado», la congelación de los plazos decretada por la Mesa ralentizó una de las herramientas que permiten fiscalizar la tarea del Ejecutivo. Hasta que las preguntas no son calificadas, el tiempo no empieza a correr.

A partir de entonces, el Gobierno dispone de veinte días laborales para contestar, aunque puede solicitar motivadamente otros veinte jornadas adicionales. En el caso del Senado, dispone de treinta. Los ministerios no tienen, eso sí, obligación de agotar ese límite y pueden remitir las respuestas en cualquier momento. Si no las responden, pueden ser incluidas en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión pertinente, donde los portavoces de los grupos se la pueden formular oralmente al miembro del Gobierno que comparezca. Ahora, la frecuencia con que se reúnen estos órganos en la actual situación dista de ser la habitual.

No en vano, el Ejecutivo se ha ganado las críticas de expertos en derecho y de diversas organizaciones porque la suspensión de los plazos administrativos implica paralizar la tramitación de las consultas que cualquier ciudadano puede realizar a través del Portal de la Transparencia. Sobre todo en un momento en el que se está recurriendo la vía de emergencia para adjudicar los contratos de compra de material sanitario y en el que se cuestiona la forma en que se está utilizando el estado de alarma.

Precisamente por ahí van algunas de las cuestiones de los parlamentarios, que permiten dibujar un recorrido por la gestión de la crisis. Los diputados preguntan por las medidas decretadas para intentar frenar los contagios y por el número de sanitarios afectados por el virus. También piden información de los medios materiales proporcionados a los profesionales no sólo de la sanidad, sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y reclaman saber el número de agentes contagiados. También piden aclaraciones sobre las compras centralizadas de este material.

Contagios, fallecidos…

Hay muchas preguntas acerca de los desfases de los datos de contagiados y fallecidos en las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, reclaman conocer el «número de procedimientos judiciales retrasados como consecuencia de la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra el coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia».

Entre las cuestiones registradas, el Grupo Popular interroga al Gobierno sobre la polémica estrategia seguida desde la Secretaría de Estado de Comunicación con las ruedas de prensa telemáticas y menciona un «veto a las preguntas planteadas por los periodistas sobre la empresa que vendió los test defectuosos para el diagnóstico rápido para el coronavirus». Reclama también conocer el «responsable de la Dirección General de la Guardia Civil que dio la orden al Estado Mayor de Operaciones de realizar un informe monográfico sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas al Covid-19, para el Ministro del Interior«.

En este sentido, desde el grupo de Vox preguntan los «motivos por los que el Gobierno considera que debe ‘minimizar’ el clima contrario a su gestión de la crisis de covid-19 cuando, según el CIS, el 97,3 por ciento de la población apoya su manejo de la emergencia de salud pública» y reclaman saber el «número de pacientes fallecidos en hospital, en su domicilio o en residencias de ancianos, sin habérseles realizado test PCR, que fueron clasificados como de caso posible de Covid-19». Desde Ciudadanos se interesan por los criterios empleados para la realización de autopistas en el caso de pacientes fallecidos con covid-19.

CIE y prisiones

La diputada de la CUP Mireia Vehí pide información sobre la «situación de las sanciones interpuestas durante la crisis» y sobre la «situación de las personas migrantes durante la crisis del coronavirus». También se interesa por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu, reclama conocer los criterios para la realización de los test de la covid-19 en el interior de las prisiones y el número de pruebas realizadas a internos y a funcionarios en las mismas, así como su resultado.

Fuente: Diego Molpeceres / Vozpópuli
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