Nuevo objetivo, controlar a los jueces

Nuevo objetivo, controlar a los jueces

El decreto que el Gobierno pretende aprobar hoy para evitar que la Justicia se colapse cuando el coronavirus permita un restablecimiento normalizado de la actividad estaba plagado de buenas intenciones en su origen, pero su resultado es tan inquietante como doctrinario. Cuando el Ejecutivo dé hoy luz verde a ese decreto, habrá inaugurado la primera fase de un proceso diseñado para tratar de imponer un concepto intervencionista de la Justicia en el que la independencia de nuestros tribunales, tal y como se ha encargado de demostrar el vicepresidente Pablo Iglesias, no forma parte de su concepto de la democracia. Abordar una reforma judicial de calado en pleno estado de alarma, y además hacerlo por decreto y pasando por encima de contenidos legislativos que solo deberían ser modificados en virtud de una ley orgánica, resulta arbitrario y abusivo. Este decreto afecta a cuestiones sustanciales de la organización de nuestro Poder Judicial, al funcionamiento de nuestros tribunales, y a los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con la administración de Justicia. La visión totalitaria de algunos aspectos del decreto resulta preocupante, sobre todo cuando el Ejecutivo abre la puerta a arrogarse funciones de la Fiscalía como garante de la legalidad. O cuando impone a los jueces y magistrados los procedimientos a los que tendrán que dar preferencia y cómo deben hacerlo. O cuando activa sin las debidas garantías procesales diversas herramientas telemáticas sin siquiera poner al alcance de los magistrados los medios materiales para poder hacerlo. Lo mismo ocurre con los medios indispensables de protección sanitaria para poder retomar la actividad judicial sin riesgos añadidos de contagio.

El titular de Justicia llegó a la cartera ministerial con una merecida trayectoria de moderación política, conocimiento del mundo judicial -es magistrado y fue vocal del CGPJ-, capacidad negociadora, e incluso buena sintonía con el PP. Sin embargo, a día de hoy se ha contagiado de la vis más autoritaria del Gobierno, y ese es el talante de su decreto. Ningún ámbito profesional del mundo de la Justicia, absolutamente ninguno -asociaciones mayoritarias de jueces, Fiscalía, secretarios judiciales, colegios de abogados, procuradores, Abogacía del Estado, etcétera-, se ha sentido escuchado por Campo a la hora de pactar soluciones para la avalancha de asuntos judiciales que amenaza con bloquear la Justicia. Todos han propuesto soluciones y alternativas con la mejor buena fe, y con la idea de que la gestión ordinaria de su agenda no sea un problema añadido en la «desescalada» de España. No obstante, el Gobierno ya ha presentado sus credenciales de imposición, control y sometimiento del Poder Judicial. A partir de hoy, y en beneficio de la democracia y de la separación de poderes, bien harían todos los colectivos ninguneados en retratar a este Gobierno autoritario, y en no callar.

Fuente: ABC